Marco introductorio del conflicto

El conflicto suscitado entre dos países limítrofes, Argentina y Uruguay, con motivo de la ejecución de las obras de instalación de dos industrias papeleras en Fray Bentos, se presentó como un caso extremo de certidumbre ambiental “compartido” por ambos Estados en el cual se puso en riesgo un recurso natural muy valioso y preciado en nuestros días en el mundo: el agua.

En este contexto de controversias, se contrapusieron, dos derechos: el de uno y otro Estado. Uno por la libertad de desarrollar una actividad productiva dentro de su territorio (Uruguay), y otro, del Estado que aporta elementos que intentan demostrar e ilustrar la existencia de un riesgo cierto ante un daño probable y de magnitud irreparable (Argentina).

A partir de dichas controversias, aparecieron varios interrogantes. En primer lugar se cuestionó qué camino debe adoptarse para arribar a una solución amigable cuando está en juego el derecho a la vida humana y a la salud pero también las relaciones bilaterales de dos países que integran, además, el Mercado Común del Sur (Mercosur). Por otro lado se tuvieron en cuenta los elementos de derecho ambiental internacional que se han generado para tratar de resolver este encuentro.

Existen antecedentes normativos que hallan su origen en el derecho internacional ambiental, que incluyen el Tratado por el Río Uruguay y el Estatuto del Río Uruguay, y que en alguna medida, tratan cuestiones que por esas vías debieran haberse resuelto de antemano.

El gobierno de Tabaré Vázquez sostiene que se han tomado todas las precauciones para que no haya daños ambientales ocasionados por la instalación de dichas pasteras. A pesar de ésta afirmación, las poblaciones de Fray Bentos, en ese país, y la limítrofe Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, empezaron un fuerte movimiento de rechazo debido a que ambas ciudades comparten el río que las separa.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, dijo que estas empresas son contaminantes, por lo que Europa ha dejado de instalarlas en su territorio, y lamentó que no haya habido reuniones previas entre ambos países. Apenas comenzó el conflicto, Busti señaló que "Si Uruguay tiene la decisión política de traer esas fábricas, que lo haga en otro lado, no en un río compartido, donde hay un estatuto que dice que no se puede hacer una obra sin el consentimiento de una de las partes".

Cronología del conflicto